El Consejo de Mayo se reunió por última vez y prepara un documento con la reforma laboral y tributaria. El Gobierno buscó respaldo del Congreso, empresarios y sindicalistas para impulsar los proyectos que el Presidente quiere tratar en las sesiones extraordinarias; rechazo de la CGT a la reforma laboral oficialista. Informe final, a presentarse el 9 de diciembre, y que contendrá el paquete de reformas que el presidente Javier Milei quiere aprobar en el Congreso durante la primera mitad de 2026: la reforma laboral, tributaria y los cambios al Código Penal. “La reforma laboral está muy avanzada, las otras reformas también. Pero seguramente el Congreso le hará cambios cuando estén presentados”, dijo la senadora Losada, con optimismo, en el patio de las Palmeras. Fuentes del Consejo precisaron que los convenios de ultraactividad, aportes de sindicatos y cámaras, las cargas fiscales, y los derechos colectivos están incluidos en el proyecto que impulsa el oficialismo. Y también el de democracia sindical, un punto resistido por buena parte del sindicalismo. “Gerardo planteó diferencias, por eso todavía no hay un proyecto definido”, dijo Ritondo, reconociendo que las discrepancias, en el salón de los Escudos, fueron varias. Desde la CGT dejaron trascender que, de presentarse ese día sin modificaciones, la reforma laboral será un proyecto “del Gobierno”, sin el aval de la central cegetista.
El Gobierno oficializó la candidatura de Rafael Grossi para la Secretaría General de las Naciones Unidas. El anuncio lo hizo el canciller Pablo Quirno. Grossi es director General del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA). Rafael Grossi es reconocido internacionalmente por la extraordinaria tarea que viene desempeñando como Director General del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) desde hace ya seis años, lo que demuestra su gran capacidad de liderazgo ante graves situaciones que afectan la paz y la seguridad internacional», comunicó Quirno en su cuenta de X
Provincias Unidas quedó al borde de la ruptura en Diputados por la pelea entre Pichetto y los gobernadores. Pullaro con el apoyo de Llaryora quiere imponer a Gisela Scaglia como presidenta de la bancada. Pichetto amenaza con un armado propio y buscan llegar a un acuerdo. Desde Provincias Unidas aclararon que Pichetto y Massot no son parte del espacio aunque dejaron abierta la puerta para que se sumen a la bancada. Remarcaron que fue conformado por los gobernadores Llaryora, Pullaro y Nacho Torres (Chubut) junto a Gustavo Valdés (Corrientes), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). «Ojalá se sumara Pichetto porque es un dirigente con una gran trayectoria», deslizó un operador de los gobernadores.
Javier Milei desafía la política de Derechos Humanos: las señales de retroceso en Memoria, Verdad y Justicia. La decisión de que el jefe del Ejército, Carlos Presti, reemplace a Luis Petri en Defensa coincide con la convocatoria a una marcha para pedir por la liberación de los genocidas condeados. Absoluciones y demoras en los juicios de lesa humanidad. un grupo de militares retirados y militantes mileístas convocó a una manifestación para exigir la liberación de condenados por delitos de lesa humanidad. Entre los organizadores, según reveló ElDiarioAR, están Orlando “Hormiga” González, un represor de la Escuela Mecánica de la Armada (ESMA) que cumple prisión perpetua en su domicilio, y Asunción Benedit, integrante de la agrupación “Pañuelos Negros” y hermana del diputado por La Libertad Avanza Beltrán Benedit, uno de los legisladores que organizó la visita a Alfredo Astiz el año pasado en la cárcel de Ezeiza. También están Guillermo Sottovia, hijo de un integrante de la Fuerza Aérea, y Alfredo Manzur, ex veterano de Malvinas acusado de realizar torturas a conscriptos y actual procurador del Poder Judicial de Tucumán. A principios de noviembre, el subsecretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, se presentó ante un comité contra la tortura de Naciones Unidas y cuestionó la cifra de 30 mil desaparecidos durante la última dictadura militar. Si bien buena parte de los funcionarios libertarios, incluido el presidente, insisten en este argumento, nunca antes había sido expuesto por un funcionario en un organismo internacional. Desde que fue designado, Baños no ha logrado entablar un vínculo cercano con las organizaciones de Derechos Humanos, que advirtieron las intenciones del Gobierno en la decisión de degradar la secretaría de Derechos Humanos a subsecretaría. De la mano de esa decisión, llegó la típica motosierra: desmantelamiento de programas y despido de personal clave.
