Bullrich presentó un protocolo antipiquetes que incluye a todas las fuerzas federales. La ministra de Seguridad explicó que el objetivo es garantizar la libre circulación en rutas y calles. La funcionaria indicó que «si hay un delito flagrante» las fuerzas federales podrán intervenir.
El Gobierno ratificó a la Mesa de Enlace su intención de subir retenciones. La medida no se limitará al sector agropecuario, sino a todos los exportadores de la Argentina, según informó el titular de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, tras el encuentro que mantuvieron con el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella.
Empresas de colectivos advierten por cortes de servicios ante falta de pago en subsidios. El servicio de colectivos que atraviesa el AMBA podría verse afectado por medidas de fuerza, que aún no tienen fecha precisa, según advirtió la cámara del sector. En un comunicado, las entidades empresarias consignaron que «ante el brusco aumento del combustible, la devaluación que impacta de manera directa en la mayoría de los insumos y repuestos, y la escasez de recursos con los que cuenta el sector, producto de un cálculo de costos realizado con precios de septiembre, y además subvaluado en su origen con los principales parámetros de cálculo subestimados, las empresas operadoras se encuentran realizando restricciones de servicios de diferente magnitud según las posibilidades de cada una, de manera de evitar una paralización total y abrupta por falta de recursos».
Por su parte, la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap), anunció «la reducción de los servicios a los mínimos operativos indispensables y la suspensión de los servicios nocturnos desde las 21:30 horas y hasta el primer servicio diagramado al día siguiente». La Fatap sostuvo que asimismo, el impacto generado por las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional, que devaluara la moneda de curso legal en un 55%, afectando los precios del combustible a precios mayoristas que en el interior a partir de la fecha se abonan a $ 1.000 por litro, resulta necesaria la restructuración de los servicios hasta tanto se cuentan con medidas que permitan la sustentabilidad de estos».
El Gobierno adelantó a la UIA que pretende derogar la Ley de Abastecimiento. El anuncio a los industriales fue realizado por el secretario de Comercio, Pablo Lavigne. El objetivo del gobierno es dejar sin efecto la norma que permite fijar precios máximos y márgenes de utilidad, además de aplicar sanciones a empresas que aumenten de manera artificial o injustificada los precios. En la reunión, se transmitió a la entidad industrial la decisión de avanzar en la derogación de la Ley 20.680, sancionada el 20 de junio de 1974 y modificada en 2014, que regula «la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios, que satisfaga -directamente o indirectamente- necesidades comunes o corrientes de la población». La norma autoriza a la Secretaría de Comercio a «imponer sanciones (…) frente a una situación de desabastecimiento o escasez de bienes o servicios que satisfagan necesidades básicas o esenciales”. La ley determina que también el Estado podrá sancionar -con multas, clausuras, etcétera- a las empresas que aumenten de manera artificial o injustificada los precios, acaparen mercadería o materia prima, destruyan mercaderías o bienes que puedan generar escasez o restrinjan o nieguen de manera injustificada la venta, entre otras situaciones.